Buenos Aires, 18/12/2017, edición Nº 4128

Dictamen de la Medida Cautelar SOECRA contra GCBA sobre amparo

SOECRA cuida a sus compañeros y la Ley falló a favor de ellos… 32 familias podían quedar sin trabajo gracias a la Dirección General de Cementerios que disponía la suspensión de actividades en las galerías de nichos 1 a 9 del Cementerio de la Chacarita. Todo esto en el marco de la “futura demolición” de dichas galerias para el Polo Gastronómico y Estacionamientos que el gobierno de la ciudad quiere implementar en corto tiempo.

Dictamen de la Medida Cautelar
Juzgado N° 4 Secretaría N° 8
Nombre del Expediente: “SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE LOS CEMENTERIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SOECRA) CONTRA GCBA SOBRE AMPARO”
Número: A11060-2016/O

Ciudad de Buenos Aires, 22 de agosto de 2016.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 1/7 se presenta el abogado apoderado del Sindicato Obreros y Empleados de los Cementerios de la República Argentina (en adelante SOECRA) Dr. Pablo Horacio Marín Valinoti (T° 39 F° 872), solicitando el dictado de una medida cautelar consistente en “…se abstenga el GCBA de suspender las actividades en las Galerías 1 a 9 del Cementerio de la Chacarita…” (conf. fs. 6 punto VIII).
Señala que mediante la nota NI -2016- 10836651-DGCEM en el marco del expediente EX2016-11449003-DGCEM se dispone la suspensión de actividades en las galerías de nichos 1 a 9 del Cementerio de la Chacarita.
Explica que ello afectaría a los cuidadores y ayudantes que realizan su actividad laboral en la mencionada galería, por lo que aproximadamente treinta y dos (32) trabajadores perderían su puesto de trabajo.-

Relata que la prestación del servicio de cuidado y mantenimiento de los sepulcros en el ámbito de los cementerios de la CABA, se rige por la Ordenanza MCBA N° 36.604 y su modificatoria 38.816.
Finalmente manifiesta que dichos trabajadores cuidadores y ayudantes perciben como contraprestación por los servicios que realizan una tarifa, que fijan el GCBA en audiencia con SOECRA, que además, dicha tarifa no es abonada por el GCBA sino por el contribuyente que contrata el servicio, normalmente los familiares del difunto. Asimismo, que frente a la desaparición de esta galería también desaparecerían estas fuentes de trabajo.-

II.- Así planteada la cuestión, corresponde dilucidar la procedencia de la tutela cautelar solicitada.
En primer término, corresponde precisar que las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida (conf. art. 177, segundo párrafo, del Código Contencioso Administrativo y Tributario)

Con respecto de las decisiones de la Administración Pública, la aplicación de medidas precautorias es de carácter excepcional debido a la presunción de legitimidad de aquéllas. Ello exige que su dictado se encuentre precedido de un análisis detallado y particularmente severo de los recaudos comunes a cualquier medida cautelar (apariencia de derecho, perjuicio inminente o irreparable y contracautela), atendiendo especialmente a la mayor o menor verosimilitud del derecho.

Los referidos supuestos de admisibilidad deben hallarse siempre reunidos, sin perjuicio de que en su ponderación – por el órgano jurisdiccional – jueguen cierta relación entre sí y, por lo tanto, cuanto mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menos rigor debe observarse en la váloración del perjuicio inminente o irreparable; la verosimilitud del derecho puede valorarse con menor estrictez cuando es palmario y evidente el peligro en la demora.

III.- Sentado ello, a fin de evitar la frustración del interés público en que habría de incurrirse en caso de conceder la medida tal cual se solicita, a fin de brindar una tutela judicial efectiva a los derechos de raigambre constitucional afectados en el caso de autos, habré de hacer efectivo .19 dispuesto por el art. 184 del CCAyT, por cuanto se autoriza a los jueces a “disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, limitada, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger”.-

IV.- De lo expuesto, cabe concluir —en este estado embrionario del proceso- que se encontraría acreditada la relación laboral existente entre los trabajadores de cementerios y el GCBA mediante la Ordenanza MCBA N° 36.604 en sus arts. 3 y 4.

Ahora bien, dado que la relación en los términos mencionados (en cuanto a la habilitación para trabajar) se habría extendido por varios años (OrdenánZá Municipal), por aplicación del principio rector en materia laboral de “primacía de la realidad” debe concluirse —con los datos aportados hasta el momento- que la naturaleza del vínculo existente entre las partes no se encontraría debidamente documentada.

V.- Dentro del limitado marco dé conocimiento de este tipo de medidas que, en principio, aparece como la única posibilidad de evitar el daño actual y posible que le produciría a los trabajadores del cementerio de la Chacarita involucrados la incertidumbre con relación a su situación laboral.

En virtud de lo expuesto y dado que la cuestión planteada involucra ingresos de carácter alimentario, corresponde hacer lugar a la medida peticionada hasta tanto quede firme la decisión final que se adopte en la presente causa.
Por otra parte, no advierto que la concesión de la cautelar en estos términos implique la afectación de un interés público al que deba darse prevalencia. Al respecto, cabe precisar que “El interés público no es un concepto carente de contenido concreto; por el contrario, tal contenido debe ser reconocible y determinable, consistiendo en un cosa o un bien que es perceptible para cualquier componente de la sociedad” (conf. GALLEGOS FEDRIANI, Pablo, “Las Medidas Cautelares contra la Administración Pública”, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2002, página 58).

En otro orden de ideas, cabe señalar, que las medidas precautorias no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo agota su virtualidad (conf. C.S.J.N, Fallos: 306:2060, entre otros).

También se encuentra a criterio de quien suscribe acreditado el peligró en la demora, teniendo en cuenta que la intervención judicial en esta etapa tiene por objeto evitar una marginación de la vida laboral de los citados trabajadores, tornando abstracto cualquier intento de discusión ulterior.
Por lo expuesto, RESUELVO:

1) Hacer lugar a la medida cautelar en cuanto a la protección de las fuentes de trabajo del personal que prestan servicios en las Galerías de nichos la 9 del Cementerio de la Chacarita y, en consecuencia, ordenar al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES mantener a los trabajadores precedentemente mencionados en sus fuentes de trabajo en idénticas condiciones laborales que las existentes al momento de dictar la nota NI — 2016- 10836651- DGCEM y lo actuado en el expediente EX2016-11449003.

2) La presente medida se decreta bajo caución juratoria la que deberá ser prestada conforme lo ofrecido en el punto VIII “in fine” (fs. 7) ante el Actuario.

3) En uso de las facultades conferidas por el art. 29 2) a) del CCAyT, fijo audiencia para el día 1 de septiembre de 2016, a las 12:30 hs., en la sede del Juzgado, citando a las partes, a funcionarios de la Dirección General de Cementerios y la Dirección Cementerio de la Chacarita con facultades suficientes para decidir, notifíquese por Secretaría conjuntamente con la presente resolución por cédula a las partes y mediante oficio a las Direcciones precedentemente citadas (confección y diligenciamiento de los mismos a cargo de la parte actora).-

Regístrese y notifíquese por Secretaría a las partes con carácter urgente y con habilitación de días y horas inhábiles.

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